Por Richard Laub y Yossi Lempkowicz
Desde el 20 de enero de 2025, fecha significativa que marca el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, una ola de cambios ha arrasado las iniciativas del gobierno estadounidense, en particular en la lucha contra el antisemitismo, tanto a nivel internacional como nacional. Trump cumplió rápidamente sus promesas de campaña al tomar medidas significativas que merecen nuestra atención y posiblemente la adopción por parte de otros países, incluida Bélgica.
A nivel internacional, Trump actuó con notable determinación. Una de sus decisiones más notables fue sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), que había emitido, a petición de su fiscal Karim Khan, una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Este enfoque no tiene precedentes, ya que instrumentaliza un tribunal sin jurisdicción sobre el Estado de Israel, un estado democrático no signatario del Estatuto de Roma, a la vez que viola los principios fundadores de la CPI, que se suponía que solo debía conocer casos en países donde no se respeta el Estado de derecho.
Trump también suspendió la financiación a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina), una organización que perpetúa el estatus de los refugiados palestinos de generación en generación, muchos de cuyos miembros participaron en el pogromo del 7 de octubre, y que promueve la educación antisemita desde temprana edad, a través de libros de texto llenos de propaganda judeofóbica.
Trump también designó a Elise Stefanik para dirigir la representación estadounidense ante las Naciones Unidas. Stefanik ha alzado la voz contra el antisionismo radical, que, según ella, alimenta a la organización internacional, calificándolo de forma moderna de antisemitismo. Su determinación se refleja en sus discursos, donde describe a las Naciones Unidas como un "semillero de antisemitismo insidioso", al tiempo que promete desmantelar la UNRWA por las razones mencionadas y analiza la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia. Esta última, de hecho, está investigando, a petición de Sudáfrica, el absurdo caso que acusa a Israel de genocidio contra el pueblo palestino.
A nivel nacional, la respuesta del presidente Trump al aumento de actos antisemitas desde el 7 de octubre de 2023 ha sido igualmente contundente. El 29 de enero, emitió un decreto que exige a todas las agencias gubernamentales adoptar una definición de antisemitismo que se ajuste a los estándares de la Convención de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y las insta a presentar un informe en un plazo de 60 días que identifique todas las acciones civiles y penales que podrían tomarse para frenar o combatir el antisemitismo.
Cabe señalar que esta iniciativa habría sido en parte superflua si el Senado, controlado por los demócratas hasta finales de 2024, hubiera aprobado la Ley de Concienciación sobre el Antisemitismo, un proyecto de ley bipartidista que ya había sido votado por la Cámara de Representantes, pero que Chuck Schumer, el líder demócrata, se negó a llevar a votación en el Senado para evitar exponer las divisiones internas de su partido sobre este tema.
Tras este decreto, el Departamento de Justicia estableció un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a combatir el antisemitismo, con el objetivo de investigar y sancionar los actos judeofóbicos, especialmente en los campus universitarios. Con esta decisión, Trump responde a la angustia de muchos estudiantes judíos que sufren intimidación, discriminación y, en ocasiones, agresiones físicas en entornos que, en contraste, deberían ser santuarios de conocimiento y tolerancia.
Las investigaciones iniciadas por los Departamentos de Justicia, Educación y Salud en varias universidades y facultades de medicina de prestigio (Harvard, Columbia, Brown, Johns Hopkins) ponen de manifiesto un cambio de paradigma. Ya no es la necesidad de probar abusos lo que motiva las investigaciones, sino la disposición proactiva a examinar comportamientos inaceptables en los campus universitarios.
Las primeras medidas adoptadas por la administración Trump tras este decreto, como la amenaza de recortar fondos federales y/o revocar las visas de estudiantes extranjeros que participen en manifestaciones pro-Hamas, envían un mensaje claro: ya no se tolerarán respuestas tímidas a los actos de intimidación y acoso.
La primera decisión concreta se tomó rápidamente. El 7 de marzo, un anuncio impactante conmocionó al mundo académico: la retirada inmediata de 400 millones de dólares de fondos federales asignados a la Universidad de Columbia, una de las instituciones más emblemáticas de la Ivy League. ¿El motivo? La pasividad de las autoridades académicas ante los actos antisemitas perpetrados en el campus universitario, que se había convertido en un símbolo de tensión tras las manifestaciones propalestinas de 2024. La rectora interina de Columbia, Katherine Armstrong, reconoció de inmediato las deficiencias disciplinarias de su institución y expresó su disposición a colaborar estrechamente con la administración Trump para remediar la situación. Esta decisión fue seguida, el 9 de marzo, por el arresto de Mahmoud Khalil, uno de los líderes de las manifestaciones propalestinas en Columbia, por participar en actividades relacionadas con Hamás.
Estos esfuerzos demuestran la importancia de un enfoque decidido y directo ante un problema tan extendido. Las medidas implementadas en Estados Unidos plantean una pregunta crucial que Bélgica también debe considerar: ¿qué podemos aprender de este enfoque proactivo? Esta pregunta cobra mayor relevancia dado que nuestro país, junto con Irlanda y España, se encuentra lamentablemente entre los tres países más afectados por la lacra del antisemitismo.
Para afrontar esta urgencia, nuestro país debe afrontar tres desafíos:
Es urgente que nuestras élites políticas, mediáticas, académicas y culturales, a menudo infestadas de antisionismo radical, reconozcan plenamente que esto representa la nueva cara del antisemitismo. Sin reconocer el mal, la sanación es imposible.
La segunda urgencia radica en comprender que el clientelismo político hacia la población musulmana en Bélgica, que a menudo motiva la adopción de un antisionismo radical por parte de nuestras élites, acabará siendo contraproducente para los intereses vitales de nuestro país. Según la fórmula establecida: casi siempre empieza con los judíos, pero rara vez termina con ellos.
Finalmente, es imperativo no sucumbir al antitrumpismo primario, que con frecuencia anima a gran parte de nuestras élites. Este sesgo cognitivo obstaculiza el pensamiento crítico y conduce al rechazo sistemático de cualquier solución, simplemente porque proviene de Donald Trump, incluso cuando sus propuestas son sensatas, pertinentes y necesarias.
Sin una atención crítica a estas cuestiones y un despertar esencial, corremos el riesgo de ver a Bélgica, dentro de cincuenta años, convertirse en uno de los primeros países europeos declarados “Judenrein”.
Richard Laub es un empresario belga
Yossi Lempkowicz es editor jefe de European Jewish Pressess